En defensa del multilateralismo

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha tenido un efecto inmediato en el sistema multilateral, hasta el punto de cuestionar el modelo surgido tras la II Guerra Mundial, que dio origen a las principales instituciones multilaterales, en particular Naciones Unidas y sus agencias especializadas.

Junto con el anuncio de retirada de algunos organismos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Consejo de Derechos Humanos (CDH), la Administración norteamericana ha decidido suspender su contribución a instituciones como ACNUR (el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) o la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

En ambos casos se trata de organizaciones que se financian a través de contribuciones voluntarias, de las cuales el 40 por ciento procede precisamente del gobierno norteamericano.

El mayor impacto de la reducción de fondos a estas y otras organizaciones lo sentirán indudablemente las poblaciones más vulnerables del planeta, que sin financiación no podrán seguir beneficiándose de estos programas.

También se verán afectados los países con mayores índices de pobreza y aquellos que ofrecen acogida a desplazados y refugiados en el denominado Sur global, como puede ser el caso de Bangladesh, con la minoría rohingya de Myanmar, o Kenia, ante la calamitosa situación en Sudán y Sudán del Sur.

En última instancia, Europa también se verá afectada, rodeada desde Ucrania hasta Mauritania por un cinturón de crisis.

Una respuesta humanitaria y de desarrollo débil generará más inestabilidad en toda esa franja.

Ese papel de paraguas protector que ejercían los actores humanitarios y el sistema de salud global quedará muy mermado tras las últimas decisiones de la Administración Trump, creando un vacío que tendrá un impacto directo en la seguridad del continente europeo, en forma de migraciones irregulares, inestabilidad política o pandemias derivadas de sistemas de salud deficientes.

Por todo ello, la Unión Europea en su conjunto, y España en particular, deberían seguir apoyando al multilateralismo, impidiendo que la retirada norteamericana de ciertos organismos provoque la parálisis o desaparición de un modelo de gobernanza mundial que sigue siendo necesario ante los enormes desafíos que requieren concertación entre países.

Ese apoyo debería materializarse preferiblemente a través de contribuciones no marcadas, que permitan a cada organización establecer sus propias prioridades y asignar los fondos necesarios.

En ese esfuerzo, se requiere igualmente un ejercicio de reforma y ajuste de algunas agencias y organismos de Naciones Unidas, que sin renunciar a su mandato se centren en las actividades que constituyen su núcleo y en las que aportan más valor añadido.

Volviendo al ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, sus funciones deberían ser prioritariamente la regulatoria, la de armonización de legislaciones y la de asistencia técnica, permitiendo a otras entidades actuar sobre el terreno, aprovechando su mayor capacidad de penetración o conocimiento de los países.

En todo caso, lo que resulta evidente es que la inversión en desarrollo y en la promoción de los derechos humanos —incluyendo una perspectiva de género que garantice una igualdad efectiva entre hombres y mujeres— es indispensable si queremos asegurar un orden internacional estable y seguro.

Se trata de una inversión en seguridad compartida, mucho más efectiva y rentable que el rearme que parece imponerse en las agendas europeas a raíz de la guerra en Ucrania.

La seguridad es armamento, pero también es desarrollo y promoción de una cultura de paz en la que el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales estén en el centro de la acción política.•